El asesinato de mi hermano, ejecutado por Franco

Cerrar la herida del asesinato de mi hermano, ejecutado por Franco

  • El proyecto de ley de Memoria Democrática no anula los juicios injustos de los últimos ejecutados por el franquismo en 1975

María Flor Baena Alonso

Xosé Humberto Baena y su hermana Flor.

10 de octubre de 2020 

elDiario.es

El pasado 27 de septiembre se cumplieron 45 años de la ejecución de mi hermano, Xosé Humberto Baena Alonso, por el régimen franquista. Como todos los años, familiares y amigos le hicimos un homenaje en el cementerio de Pereiró, en Vigo, donde está enterrado. Piter, como le llamábamos en la familia, fue víctima de un juicio injusto, acusado de un delito del que era inocente en un Consejo de Guerra sumarísimo plagado de irregularidades.  

Mi hermano fue acusado de asesinar a un policía en Madrid, pero en aquel momento él estaba en Portugal, aunque las pruebas abrumadoras de su inocencia fueron ignoradas en la farsa de juicio a la que fueron sometidos. Incluso una testigo presencial del asesinato declaró a la policía en hasta tres ocasiones que mi hermano no era el asesino que ella había visto. La tercera vez, en comisaría, un jefe de la policía le dijo, mientras jugaba con un revólver, que se olvidara del asunto. Cuando mi padre reunió pruebas de la inocencia de mi hermano y quiso reabrir el juicio, nos quemaron la casa y le pegaron cuatro tiros a nuestro perro. Así era el ambiente en aquellos días. Es difícil imaginar el dolor y los recuerdos que se acumulan en estos días que se repiten cada año desde hace 45. 

Mi hermano, al terminar el bachillerato en el Instituto Santa Irene de Vigo, quiso estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela. Como tenía unas notas fabulosas, le dieron una beca y para allí se fue. En una sentada estudiantil lo detuvieron y no le permitieron presentarse a los exámenes, perdiendo así un año de estudios. Se celebró el juicio y fue absuelto. Pasados ya unos años y de vuelta del Servicio Militar, se presentó a unas pruebas para entrar en la fábrica de Citroën en Vigo, pasándolas con éxito. Sin embargo, le pidieron el certificado de penales y la policía se lo denegó hasta que hubieran pasado cinco años del juicio en el que había sido absuelto. 

Por fin logra colocarse como simple peón de fundición y unos meses después pasó a desempeñar en otra empresa un puesto técnico. Llegó el 1 de mayo de 1975. Un grupo de muchachos se manifestaba en la Travesía de Vigo y un guardia civil de paisano sacó una pistola y disparó a un empleado de FENOSA que estaba trabajando como vigilante. Entre varios trabajadores se hizo una colecta para una corona de flores y una esquela que se publicó en el periódico local Faro de Vigo. Mi hermano figuraba en esa relación. Aquí empezó la tragedia. A los pocos días, la policía se presentó en nuestra casa para hacer un registro que resultó infructuoso. El despliegue de fuerzas fue tal que todo el barrio se enteró y alertaron a mi hermano cuando venía para casa. Por temor a los métodos que empleaba entonces la policía para hacer confesar delitos no cometidos decidió escapar a Madrid.  

Dos meses después nos enteramos por televisión de que se le acusaba de la muerte de un policía, crimen que no pudo haber cometido porque el día del asesinato estaba en Portugal. Él no supo de qué se le acusaba hasta cinco días después de ser detenido y torturado. El día del juicio mi padre y yo fuimos a Madrid, pero al llegar a la base militar de El Goloso donde estaba encarcelado, no nos permitieron la entrada. Esperamos hasta las cinco de la tarde, hora en la que el abogado nos dijo que había cinco condenados a muerte.  

Los dos meses siguientes lo vimos sólo los sábados durante 15 minutos, después de pasar toda la noche en tren, y siempre entre rejas y un cristal con un guardia separándonos. El 26 de septiembre (viernes), mi padre iba a verlo en tren con mi hermano Fernando. A las ocho y media de la tarde, una llamada del abogado nos comunicó que teníamos que estar en Madrid antes de las siete de la mañana si queríamos ver por última vez con vida a Piter. Tomaron un taxi y llegaron a las seis y media de la mañana. Hablaron media hora con él y se reafirmó en que era inocente, que lo habían hecho firmar no sabía qué. Se cumplió la sentencia. Esperamos ocho días para traerlo a Vigo para evitar que hubiese más detenidos y, cuando lo trajimos, nos lo secuestraron en Porriño, cerca de Vigo. A las ocho de la mañana abrieron el cementerio para enterrarlo a él solo. Mi padre y mi madrina fueron los únicos que, por casualidad, estuvieron presentes, ya que se encontraron en la carretera con un coche fúnebre de Madrid escoltado por la policía y comprendieron que era él. 

A partir de ese momento empezó una lucha desesperada por desmontar esta injusticia, que dura ya demasiado. Primero mi padre, después mi madre y luego yo, aunque siempre se nos cerraron todas las puertas. Presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, y después recurrimos al Constitucional con igual suerte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo nos contestó que no podía hacer nada porque España en 1975 no había firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¡Cómo si para disfrutar de los derechos humanos éstos tuvieran que firmarse! Hace unos años nos unimos a la causa presentada en Argentina junto a otras víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El caso de mi hermano es único. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo puedo presentar un nuevo recurso en el Supremo si aporto nuevas pruebas, de las que no dispongo. He agotado todas las vías e instancias judiciales en España y Europa y ante la ONU.  

Mis esperanzas están puestas en que la ley de Memoria Democrática anule estos juicios injustos. Es mi última esperanza. Sin embargo, no lo hace, al menos por ahora. Tal como está redactado, el artículo 5.3 del proyecto de ley excluye la anulación del caso de mi hermano y los otros ejecutados en 1975, así como el de Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974. El texto actual declara “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. 

Dos días antes de este 45º aniversario escribí a la vicepresidenta Carmen Calvo para pedirle su ayuda a fin de alcanzar una solución política y jurídica para las víctimas de los juicios injustos del Franquismo. Han pasado más de dos semanas y aún no he recibido contestación, a diferencia de otros miembros del Gobierno y del Congreso con los que he contactado. Unas simples palabras de aliento tras 45 años de lucha son muy de agradecer. 

Por eso pido ayuda al Gobierno y a los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que se encargará de tramitar el proyecto de ley para que se modifique el texto presentado por el Gobierno y se anulen todos los juicios injustos del franquismo y la Guerra Civil. Si hay voluntad política, se encontrará la solución técnica jurídica. La vía más rápida sería introducir una enmienda al texto del Proyecto de Ley que declare la nulidad de los juicios injustos celebrados durante la Guerra Civil y el Franquismo. Otra opción sería que la Fiscalía de Sala que prevé el texto de la ley para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura revise y anule, en su caso y de oficio, los juicios injustos. Las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y las asociaciones de Memoria harán propuestas detalladas en ese sentido, así que se trata solo de escucharlas para que las víctimas podamos cerrar esta herida. 

Confío en que, esta vez, el Gobierno no me decepcione como con la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 y nos dé una solución a todas las víctimas de los juicios injustos del Franquismo. En mi caso particular no busco una indemnización económica, lo único que deseo es que se anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre. Otras víctimas y familias pensarán de modo diferente y tienen derecho a reclamar indemnizaciones, pero a mí me mueve únicamente el afán de justicia y limpiar el nombre de mi hermano, acusado de un delito que no cometió, torturado y condenado en un juicio injusto tras el que fue asesinado por el Estado. Llevo 45 años esperando justicia y una disculpa oficial del Estado. ¿Hasta cuándo debo esperar para cerrar la herida abierta en mi familia que nos persigue desde hace más de cuatro décadas?  

* María Flor Baena Alonso es hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados por el Franquismo en 1975. 

Publicado por saltimbanquiclicclic

Tres novelas publicadas, fotografía, pintura, artículos periodísticos, actualidad....

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